Tema importante: "Matanza en la Escuela de Santa María de Iquique"

La Matanza de la Escuela Santa María de Iquique fue una masacre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. En estos eventos fueron asesinados un número indeterminado de trabajadores del salitre que se encontraban en huelga general, mientras alojaban en la escuela Santa María del puerto de Iquique. Los eventos que configuran los hechos, suceden durante el auge de la producción salitrera en el Norte Grande chileno, bajo los gobiernos parlamentarios.

La huelga, provocada por las míseras condiciones de trabajo y explotación de los trabajadores, fue reprimida por medio del indiscriminado uso de la fuerza armada por parte del gobierno del presidente Pedro Montt. El general Roberto Silva Renard, comandando las unidades militares bajo instrucciones del ministro del interior Rafael Sotomayor Gaete, ordenó reprimir las protestas, matando a cientos de trabajadores y dando un trato especialmente duro a los sobrevivientes.

Sus antecedentes históricos se encuentran en el nacimiento del movimiento obrero en general, y el sindicalismo en particular. Ambos iniciaron su desarrollo dentro de los mineros del salitre, en tiempos de profunda decadencia institucional de su país. Dicha matanza provocó el aquietamiento del movimiento por cerca de diez años, ante la violencia ejercida por agentes del estado. Esta huelga y su trágico colorario fueron el fin de un ciclo huelguístico iniciado en 1902 y que tuvieron como principales protagonistas a la Huelga de Valparaíso de 1903 y la de Santiago, de 1905. ­

El 10 de diciembre de 1907 una huelga general se desató en la salitrera San Lorenzo y el paro amplió a la de Alto San Antonio, iniciándose la Huelga de los 18 peniques. Este nombre se debe a que los jornaleros pedían el pago de salarios a este tipo de cambio. La numerosa columna de huelguistas de Alto San Antonio llegó al puerto de Iquique, sede del gobierno regional, portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, alojándose en el hipódromo del puerto. A este movimiento se sumaron otras oficinas salitreras, entrando en huelga también casi todo el comercio e industria del norte del país.

Las demandas publicadas el 16 de diciembre en un memorial por los pampinos eran:

*Aceptar que mientras se supriman las fichas y se emita dinero sencillo cada Oficina representada y suscrita por su Gerente respectivo reciba las de otra Oficina y de ella misma a la par, pagando una multa de $ 50.000, siempre que se niegue a recibir las fichas a la par.

*Pago de los jornales a razón de un cambio fijo de 18 peniques. Libertad de comercio en la Oficina en forma amplia y absoluta.

*Cierre general con reja de fierro de todos los cachuchos y chulladores de las Oficinas Salitreras, so pena de pagar de 5 a 10.000 pesos de indemnización a cada obrero que se malogre a consecuencia de no haberse cumplido esta obligación.

*En cada oficina habrá una balanza y una vara al lado afuera de la pulpería y tienda para confrontar pesos y medidas.

*Conceder local gratuito para fundar escuelas nocturnas para obreros, siempre que algunos de ellos lo pida con tal objeto.

*Que el Administrador no pueda hacer arrojar a la rampla el caliche decomisado y aprovecharlo después en los cachuchos.

*Que el Administrador ni ningún empleado de la Oficina pueda despedir a los obreros que han tomado parte en el presente movimiento, ni a los jefes, sin un desahucio de 2 a 3 meses, o una indemnización en cambio de 300 a 500 pesos.

*Que en el futuro sea obligatorio para obreros y patrones un desahucio de 15 días cuando se ponga término al contrato. Este acuerdo una vez aceptado se reducirá a escritura pública y será firmado por los patrones y por los representantes que designen los obreros.

El 16 de diciembre, miles de trabajadores en paro llegaron a la ciudad de Iquique, respaldando las demandas de los salitreros a la autoridad provincial, con el fin de obtener su intervención. Las solicitudes anteriores, es decir, enviar comisiones con los petitorios a la autoridad, habían fracasado en 1901, 1903 y 1904.
El gobierno de Santiago, había dado ya la orden de traslado de tres regimientos para reforzar los dos que habían en Iquique y envió desde Valparaíso un crucero con tropas de desembarco: el 17 llegó desde Arica el crucero Blanco Encalada trasportando al regimiento Rancagua; el 18, anclaba en la bahía el crucero Esmeralda que traía tropas del Regimiento de Artillería de Marina.


El intendente interino Julio Guzmán García, mediaba en las negociaciones con los representantes pampinos, hasta que el 19 de diciembre llegaron al puerto el Intendente titular Carlos Eastman Quiroga y el general Roberto Silva Renard, jefe de la Primera Zona Militar del Ejército, acompañados del coronel Sinforoso Ledesma. Todos ellos fueron recibidos con aclamaciones por los obreros, quienes creyeron que venían comisionados para trasladarlos y solucionar sus problemas.

A medida que avanzaba la huelga, más y más pampinos se unían a ella, llegándose a estimar que para el 21 de diciembre eran entre 10.000 y 12.000 los obreros en huelga en Iquique. A los pocos días de haber llegado, este gran conglomerado de trabajadores estaban reunidos en la plaza Manuel Montt y en la Escuela Domingo Santa María, pidiendo al gobierno que actuara de mediador con los patrones de las firmas salitreras extranjeras (ingleses) para solucionar sus demandas. Por su parte, los patrones se negaban a negociar mientras los obreros no reanudaran sus actividades.

Órdenes oficiales desde Santiago determinaban que los huelguistas abandonaran la plaza y la escuela y se ubicaran en el Hipódromo, para luego regresar en tren a las salitreras y reanudar sus faenas. Los pampinos se negaron, pues intuían que si regresaban a sus labores, sus peticiones serían ignoradas.

Frente a la creciente tensión que había ya entre los grupos, el 20 de diciembre de 1907 los dirigentes efectuaron una reunión con el intendente Eastman. En esos mismos momentos era declarado el estado de sitio, haciendo que las libertades constitucionales fueron suspendidas, todo esto por medio de un decreto publicado en la prensa. Mientras la reunión se efectuaba en la oficina salitrera Buenaventura, un grupo de obreros con sus familias trataron de abandonar el lugar y fueron acribillados en la línea férrea. Como resultado de esta acción 6 obreros murieron y los demás terminaron heridos.

El 21 de diciembre de 1907 se efectuaron los funerales de los obreros, e inmediatamente después de concluir las ceremonias se les ordenó a todos los trabajadores que abandonaran las dependencias de la escuela y sus alrededores y se trasladaran a las casuchas del Club Hípico. Los obreros se negaron a ir, temiendo ser cañoneados por los barcos que apuntaban el camino que deberían recorrer hacia dicho lugar.

El general Roberto Silva Renard, junto al coronel Ledesma, tenían la misión de desalojar a los trabajadores en huelga. Se señaló a las 2.30 de la tarde, a los dirigentes del comité de trabajadores, que si no salían del edificio abrirían fuego contra ellos. Ante la negativa de éstos, el jefe militar reiteró que abriría fuego sobre los huelguistas a las 3.30 de la tarde. Pese a las amenazas reiteradas, sólo un pequeño grupo de trabajadores abandonó la plaza.

A la hora señalada por Silva Renard, éste ordenó a los soldados disparar a los miembros del comité que se encontraban en la azotea de la escuela, quienes cayeron muertos con la primera descarga. La multitud, desesperada y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa y ésta repitió el fuego al que se le añadió el de las ametralladoras. La tropa, después de lanzar fuego graneado desde la plaza, entró ametrallando por los patios y las salas de clase, matando a destajo sin reparar en las mujeres y niños que pedían a gritos clemencia. Los sobrevivientes de la matanza con posterioridad fueron llevados a sablazos hasta el Club Hípico, y desde allí a la pampa, donde se les impuso un régimen del terror.

Víctimas

El número de víctimas que dejó la acción es disputado. Por un lado el informe oficial del general Silva habla en un primer momento de 140 los muertos, para posteriormente ascender a 195. Ese es el número que otorga Nicolás Palacio, testigo de la matanza. Sin embargo, esta cifra es considerada irreal, dada la cantidad de obreros que se hallaban en el lugar. El número más alto ha sido de 3.600, aunque es considerado especulativo. La cifra más aceptada es de cerca de 2.200.

Pese a lo anterior, sea cual fuere el número, al decir de Correa y otros, "nadie duda de la singular magnitud de la matanza".

Cualquiera que haya sido el número de víctimas, el gobierno de la época ordenó no expedir certificados de defunción de los fallecidos, enterrándolos a todos en una fosa común en el cementerio de la ciudad. Sólo en 1940 se exhumaron sus restos, los cuales fueron enterrados nuevamente, esta vez en el patio del Servicio Médico Legal de dicha ciudad. Con motivo de conmemorarse los cien años de la matanza, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ordenó que se exhumaran nuevamente los restos y que fueran depositados en un monumento especialmente dedicado a ellos en el lugar del crimen.